La Alianza Española Contra la Pobreza y Pobreza Cero convocan a toda la ciudadanía a que acuda a las Movilizaciones que se celebrarán en torno al 17 de octubre en todo el Estado. También invita a participar en las diferentes acciones que se organizan en torno a la semana de lucha contra la pobreza. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se movilice para demandar conjuntamente que se acabe con la riqueza que empobrece dentro y fuera de España.

La campaña de acción propuesta fomentará y promoverá diversas actividades iniciadas por nuestros colectivos de lucha por la justicia social para aumentar la presión pública para lograr acabar con la obscenidad de la desigualdad.

Queremos denunciar la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, y poner a las personas y sus derechos en el centro como cuestión de justicia social y dignidad humana.

¿Dónde?

Las acciones Pobreza Cero se organizan en cualquier lugar que haya un grupo de personas concienciadas con los problemas de pobreza, desigualdad e insostenibilidad en el mundo y estén dispuestos a movilizarse en su ámbito más cercano para denunciarlo y aportar soluciones.

Consulta las actividades de tu localidad abajo.

Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Los datos, por su parte, apuntan a que el gasto total con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) se encuentra en su nivel más bajo desde 2007.

Numerosos informes sobre la situación económica y social del Estado español[i] reiteran desde hace algunos meses que, aunque la recuperación de las cifras macroeconómicas indique que España ha salido de la crisis económica, la pobreza y la desigualdad generadas tras las diferentes reformas económicas y sociales aplicadas desde 2011 persisten.

Las políticas de ajuste que se han sucedido desde 2009 han profundizado la brecha entre ricos y pobres. Entre 2008 y 2015, el 20% de la población más pobre ha visto reducidos sus ingresos en un 15%. Situación que se acentúa en las capas más vulnerables de la población.

Algunos datos

• El gobierno reduce por tercer año consecutivo el desembolso en Sanidad y Educación, y por quinto año consecutivo el monto destinado a Protección Social.
• El gasto presupuestado en educación para 2018 supone 2.600 millones de euros. Desde 2011 se han dejado de invertir unos 3.000 millones de euros en educación – ascendiendo hasta más de 6.000 millones de euros, si se tienen en cuenta los RD 14/2012 y 20/2012.
• En sanidad, a pesar del aumento de un 3,9% con respecto al presupuesto de 2017, las partidas continúan estando unos 350 millones de euros por debajo de su máximo histórico (2009). Si analizamos las partidas de los PGE 2018, se detecta que lo que realmente aumenta son aquellos fondos destinados a la privatización. Especialmente los relacionados con las mutualidades de funcionarios (MUFACE, etc.) que se sitúan en 2.249 millones de euros (195 millones más que en 2009; un 9,49% mas que en 2017).
• Las medidas de prevención de la violencia de género se quedan en 80 millones de euros, muy por debajo de los 200 millones a los que se había comprometido el Gobierno.
• En términos absolutos, el gasto en desempleo desciende en 616 millones de euros, mientras que la partida para fomento del empleo crece solo en 217 millones. España ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo: la tasa de desempleo juvenil -que se sitúa en el 44%- y la precarización del empleo, conllevan que un 13% de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social. Cabe destacar que, en el caso de trabajadores extranjeros, la cifra se sitúa en el 31,5%, la más alta de la UE.
• El Gobierno aumenta en 46 millones la ayuda a la dependencia en 2018, pero dejó sin gastar 44 en 2017.
• El Gobierno frena la degradación del sistema de cooperación de los últimos ejercicios, pero posterga su recuperación. La propuesta de iniciar el V Plan Director con € 2.602 millones – un esfuerzo de ayuda del 0,22% de la renta nacional bruta (RNB) – implica alejarse de la ruta del 0,4% al final de la legislatura.

Todas estas caídas se contextualizan en el paulatino proceso de reducción de gastos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El gasto total más alto desde que el líder del Partido Popular llegó a La Moncloa se alcanzó en 2012, cuando superó el 48% y a la Protección Social se le asignó una partida que alcanzó el 17,5% del PIB. El año pasado, cinco ejercicios después del pico, el gasto total ya había caído al 42,4%, cifra que este año se quedará en el 41% y que en 2019 ni siquiera llegará al 40%, frente a la media del 45% en la UE.

Desde la ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, consideramos que los PGE para 2018 llegan tarde y sobre todo, no solo no abordan los graves problemas de pobreza y desigualdad de nuestro país sino que los mantienen o los profundizan.

Los PGE tienen que enfrentar la desigualdad, defendiendo y fortaleciendo los sistemas públicos de garantía social como la educación, la sanidad y la protección social. Invertir en el acceso a un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo basado en estándares de sostenibilidad medioambiental. Deben estar orientados a la promoción y defensa de los derechos laborales y de  ciudadanía, en una sociedad donde el trabajo decente y con derechos sea una realidad. La sociedad española pide unas reglas justas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos como la mejor forma para salir de la crisis que los mercados y los intereses financieros han desencadenado.

El Estado debe reducir su desfase en gasto social con respecto a la media de la UE, en coherencia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad hace las siguientes propuestas de cara a la elaboración de los PGE:

• Ampliar las inversiones en Educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia. En educación el gasto debería aumentar progresivamente hasta alcanzar, al menos, el 7% del PIB.
• Incrementar las inversiones en Sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal. El gobierno ha de garantizar el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
• Recuperar los presupuestos para las políticas para la Igualdad de Género y los planes contra la violencia de género. Es necesario alcanzar los 200 millones comprometidos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral.
• Cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.
• Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. De forma progresiva, la AOD debería alcanzar el 0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal.

Necesario luchar contra el fraude fiscal y la austeridad europea

La Alianza Española contra la Pobreza insta al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulo de ingresos en los PGE, con el objetivo de conseguir los ingresos necesarios para destinarlos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todo ello en un contexto en el que, además, la deuda pública para 2018 se estima que ascenderá a un 97,6% del PIB.

España tiene 7 puntos por debajo del PIB en ingresos fiscales que los países de nuestro entorno, es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, también tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan menos que el resto de la ciudadanía). Aunque el sistema fiscal español es técnicamente progresivo, las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales y sociedades hacen que, en términos reales, el sistema sea regresivo.

El estancamiento de la lucha antifraude, la evasión fiscal, la elusión en paraísos fiscales, y las exenciones tributarias impiden una recaudación adicional que se estima en torno a 70.000M€. Esto podría destinarse al mantenimiento del gasto público vinculado con políticas sociales.

Por ello, urgimos al gobierno a luchar de forma contundente contra el fraude fiscal y a todos los grupos parlamentarios a aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción. Es urgente implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

[i]Informe Social de la Comisión Europea (España), presentado el 7 de marzo de 2018

“El crecimiento económico sostenido necesita menos desigualdad” (Christine Lagarde- Presidenta del FMI el 19 marzo 2018 en la reunión del G-20 en Buenos Aires)

Informe Anual del Defensor del Pueblo, 19 marzo 2018

La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia.

Si hay dinero, entonces, ¿qué es lo que ocurre?

El gobierno sigue priorizando los intereses de los mercados por encima de los de la población y esto no lo podemos permitir.

Queremos que se recuperen las políticas públicas de protección e inclusión social, que se cumplan los derechos humanos de todas las personas, cooperación internacional, y redistribución de la riqueza.

Sí, redistribución. Por que dinero hay, pero está oculto o no está tributando como se debe. Otra noticia reciente es que el número de millonarios en España es casi un 15,6% más que en 2016. O que los salarios medios bajan, mientras los beneficios empresariales crecen hasta un 24%.

Por todo lo anterior, desde la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad te pedimos que firmes. Que difundas. Que apoyes, y que te sumes a nuestra petición. Contra la Desigualdad Obscena, JUSTICIA SOCIAL.

La situación de colapso social y económico a que nos aboca el capitalismo neoliberal se ve retroalimentada por los crecientes desequilibrios que conlleva sobre el medio ambiente. El Cambio Climático es un claro ejemplo indicador de este desequilibrio, de estas disfunciones del modelo económico que, a su vez, ahonda en las brechas de desigualdad social pues las poblaciones humanas que más lo sufren no son en absoluto las responsables de haberlo provocado.

Desde hace ya muchos años la ciencia ecológica (y alguna económica) llegó a una obvia conclusión cual era diagnosticar la inviabilidad de un modelo, el neoliberal, basado en un incierto concepto de mercado que se soportaba sobre la falacia de la infinitud de los materiales que alimentan los ciclos naturales. Una dinámica que hace que el capitalismo se soporte en base a un crecimiento firme y casi perpetuo para aportarnos todos los bienes y servicios no solo necesarios sino supernumerarios para nuestra “propia felicidad”.

La realidad es muy diferente y está basada en el carácter finito de los recursos naturales en los que se asienta el modelo cuya tasa de renovabilidad no es lo suficientemente rápida para garantizar los beneficios económicos que requiere el ciclo capitalista. El colapso así está servido y en términos ecológicos, siempre de percepción más lenta, está en proceso. Este hecho, de apropiación necesaria de los recursos por parte del capital, incide obviamente en la ruptura de equilibrios ecosistémicos muchos de los cuales son la base de los escenarios de cohesión y equidad social. Todo ello tiene relación con los Derechos Humanos (ambientales y sociales, son los mismos) pues en tanto los recursos naturales son bienes comunes (antropológicamente una realidad que nos retrotraería al uso coordinado y a la solidaridad como elemento evolutivo esencial de la especie humana); estos son generadores de derechos cuyo ejercicio conlleva la observación de principios basados en la equidad y en la justicia ambiental como parte ligada intrínsecamente a la social y/o económica.

Estos desequilibrios (desigualdades) se detectan claramente cuando se conculcan estos derechos y son claramente perceptibles en algunos ejemplos.

• Las Áreas socialmente deprimidas en la gran mayoría de los casos son áreas ambientalmente degradadas donde se plantean, además, actuaciones que inciden en mayor medida en esa degradación. Así, las actividades extractivas (minería, energética, sobrepesca, etc…) en la gran mayoría de los casos produce graves disfunciones en los pobladores donde se implantan a cambio de promesas de empleo que nunca se cumplen. Los procesos de inundaciones que irán in crescendo con el cambio climático, afectan en mayor medida áreas degradadas, en llanuras de inundación de alto riesgo (huracán Kathrina, inundaciones de zonas de ribera en muchos casos, …); la instalación de vertederos u otras plantas en áreas rurales más despobladas que sufren por contaminación inducida de las aguas que son utilizadas para riegos, básicos para la alimentación de la zona (también sigue existiendo el tráfico ilegal de residuos a países más pobres); trazados de autopistas, oleoductos, acuaductos, etc… suelen afectar áreas deprimidas, buscando mayores ahorros de expropiación y menores protestas, o al menos, de menor alcance político. Son algunos ejemplos.
• Otra fuente de desigualdades socioecológicas proviene de los accesos diferenciales a los recursos naturales esenciales para la vida humana. A este nivel destacan algunos casos claros, ligados entre sí (la ecología es una ciencia de interrelaciones):
• El Cambio Climático que está catalizando procesos de sequía preexistentes que generan hambrunas que, a su vez, provocan desplazamientos en masa, refugiados ambientales o climáticos (más de 70 millones hoy en día según ACNUR) que fluyen a asentamientos humanos muy deficitarios donde las condiciones vitales son precarias. La relación del cambio climático como catalizador de conflictos bélicos (y guerras) es una evidencia que está preocupando cada vez más. El último caso, Siria.

El acceso al agua es un derecho humano según NNUU desde el 2010 y no se cumple en muchos lugares del planeta donde persisten enormes desigualdades sociales. Este acceso también tiene que ver con embalses que han afectado grandes territorios cuyos pobladores lucharon sufriendo dolorosas pérdidas por activistas asesinados.

Sin ir a otros continentes, la “pobreza hídrica”, la pobreza que impide siquiera a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad española abonar la factura de agua sufriendo cortes del suministro (se dan en nuestro país, unos 300.000 cortes de agua que son cubiertos por la asistencia social pública), o la gran agroindustria que ante los procesos de sequía creciente está monopolizando recursos mediando el opaco mercado de derechos concesionales de aguas sin apenas control estatal.

• El suelo. Grandes territorios (África) están siendo comprados (acaparados) y monopolizados por fondos de inversión para asegurar su uso agrícola y el control financiero de precios de productos agrícolas. Esos suelos comprados a bajísimo coste en áreas donde apenas existe estructura social compleja sino núcleos indígenas, está incidiendo en un desequilibrio que no solo afecta (y mucho) a los antiguos propietarios de las tierras prácticamente expulsados, sino al equilibrio de poder de todo el Planeta.
• Energía. Áreas con subsuelo rico en combustibles fósiles, petróleo, gas; están siendo expropiadas a costa de extracciones que producen efectos irreparables en los ecosistemas (no todo puede restaurarse) y en las estructuras sociales de las poblaciones preexistentes.
• Apropiación de la biodiversidad. La especulación con los genes, una ingeniería genética que genera intrínsecamente predominio monopolístico en las patentes por parte de un reducido número de grandes corporaciones multinacionales que imponen sus productos (semillas) a productores agrícolas mediante concierto con los Estados que asumen sus condiciones sin evaluar las implicaciones de bien común.

Estos son algunos ejemplos. Hay otros muchos que hacen ver que el colapso social viene ligado al ambiental y que solo cabe la vuelta al equilibrio, es decir, a la igualdad social. Cuando se apela a los equilibrios ecosistémicos también estamos apelando a la equidad social. Por eso la Política debe mirar más a la Ecología; por eso la Ecología es, también, Política.

Alberto Fraguas Herrero, ATTAC Madrid

Mejorar la equidad de la fiscalidad, el sistema de impuestos, haciendo real una justicia fiscal progresiva y suficiente, para que todos paguemos impuestos según la capacidad económica, es un instrumento potente para combatir la desigualdad.Actuar sobre la fiscalidad implica una lucha decidida contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el impago de cotizaciones sociales. Supone también eliminar ventajas y favores de la legislación vigente a los grandes contribuyentes para reducir (o suprimir) su aportación fiscal. Los partidos  que aspiran a gobernar este país no deben olvidar que una fiscalidad justa es prioritaria e imprescindible un acuerdo amplio para establecer su suficiencia y acabar con la injusticia fiscal que favorece las desigualdades de renta y riqueza.

Es indiscutible que la política fiscal es uno de los principales medios con que cuenta el Estado para reducir la desigualdad que genera el sistema económico vigente, tanto por el modo y condiciones de recaudar impuestos como por la concreción del gasto o inversión pública. Si la fiscalidad no es progresiva para garantizar que pague más quien más tiene, aumentarán las desigualdades. Un sistema tributario con menor peso de impuestos directos y mayor de indirectos, que además grave de modo insuficiente las rentas de capital y el patrimonio, renuncia a la progresividad y, por tanto, a la justicia, sobre todo si no pone los medios precisos para luchar de forma decidida contra la evasión y elusión fiscales.

Por eso, combatir las desigualdades supone establecer un sistema tributario que aplique de forma eficaz los principios de progresividad y equidad del sistema de impuestos que ordena el artículo 31 de la Constitución española. Al aplicarlos se puede establecer una fiscalidad justa que redistribuya la riqueza acumulada por las élites capitalistas que han utilizado la crisis para aumentar su riqueza.

Es imprescindible también aplicar el principio de suficiencia fiscal que, aunque no se concreta en el texto constitucional, está recogido de forma implícita en otras partes del articulado. La suficiencia fiscal supone que el presupuesto del Estado se calcula según las inversiones y el gasto necesarios para satisfacer los derechos y necesidades de la ciudadanía y asegurar servicios públicos de calidad. Es decir, recaudar en función de esas necesidades y no hacer un presupuesto según lo que se recaude sin tener en cuenta los derechos de la ciudadanía. Es preciso establecer una fiscalidad como palanca imprescindible para combatir la desigualdad, que financie políticas sociales, que permitan aliviar la situación de la ciudadanía menos favorecida y alentar la igualdad de oportunidades.

No es esa la fiscalidad de España como prueba el diferente tratamiento de las rentas del trabajo y del capital. Por eso, cuando la crisis económica supuso el desplome de ingresos públicos, se esgrimió la insuficiencia  recaudatoria para perpetrar sangrantes recortes presupuestarios de políticas sociales que aumentaron la vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía, especialmente las mujeres, aumentando la desigualdad en la sociedad.

La errónea e injusta respuesta a la reducción de ingresos por la crisis ha sido aumentar impuestos indirectos, como el IVA, reducir los tramos del IRPF (que lo hace más injusto) y también el tipo nominal del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Esas medidas son los ejes de la contrarreforma fiscal del Partido Popular aprobada en diciembre de 2014. A las que sumar la práctica desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid y otras y la competencia a la baja del impuesto sobre sucesiones y donaciones, más la proliferación de beneficios fiscales discrecionales a agrandes empresas y fortunas y la existencia de las sicav y las etve con tratos fiscales de favor. Más la elevada elusión y evasión fiscales existentes porque la voluntad gubernamental para combatirlas es claramente insuficiente.

La desigualdad aumentará si no cambiamos a otra fiscalidad justa, progresiva y suficiente que garantice las políticas sociales para poder corregir desigualdades. Hay que exigir a los partidos políticos que aspiran a gobernar que se comprometan públicamente e incorporen a sus programas políticos dotar al sistema fiscal de mayor progresividad que suponga:

• Mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta.
• Igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital.
• Limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades.
• Presión fiscal como la de los países de la eurozona.
• Más personal y medios técnicos en la Agencia Tributariapara luchar contra el fraude fiscal.
• Y medidas normativas para lograr mayor transparencia fiscal de las empresas.

O conseguimos esa nueva fiscalidad o crecerá sin pausa la desigualdad. Y con ella la pobreza y se establecerá para siempre la injusticia.

La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad reclama un aumento de las inversiones en políticas públicas de protección e inclusión, alcanzar el 0,7% para ayuda al desarrollo y una ley contra el fraude fiscal

Miles de personas, 35 localidades, más de 100 actividades… La Campaña “Muévete contra la Desigualdad Obscena” está generando un gran movimiento social. Esa cifras corresponden a la semana del 16 al 21 de octubre, una semana en la que la campaña ha exigido a los responsables políticos más medidas públicas de protección e inclusión, el aumento de los fondos destinados a cooperación, y políticas tributarias justas, progresivas y suficientes.

La semana culminó con manifestaciones y concentraciones simultáneas más de una treintena de ciudades del Estado. Nuestras calles y plazas acogieron a miles de personas que reivindican poner fin a una pobreza y unas desigualdades que cada vez son “más extremas, intensas y crónicas”. El manifiesto leído al final de los actos así lo recogía. En el mundo, tan sólo 8 hombres concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad (3.700 millones de personas), mientras en el Estado español, tres personas acumulan tanta riqueza como las poblaciones de la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, juntas.

“No podemos consentir que a la vez que ha aumentado el hambre por primera vez en 15 años, los gobiernos no hagan lo suficiente para garantizar la redistribución de la riqueza y permitan que ésta se quede en manos de unos pocos”, explicó Marta Iglesias, portavoz de la campaña. “Todo esto ocurre mientras se aprueban políticas que van en detrimento de los derechos humanos y de la sostenibilidad medioambiental, y políticas fiscales que hacen que el mayor peso recaiga sobre las personas más vulnerables”, concluyó.

Por todo ello, desde la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad pide al Gobierno Central y a los gobiernos autonómicos y locales, que realicen los esfuerzos necesarios y adopten medidas concretas para acabar con la desigualdad obscena.

Una campaña que continúa

La campaña culminará en noviembre con la entrega de una recogida de firmas que se ha puesto en marcha – online y a pie de calle – al Ministro Montoro. En esta recogida de firmas se pide un aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección, y de las inversiones en Educación, en protección de la infancia, salud y protección del desempleo.

También piden un aumento de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,4% de la Renta Nacional Bruta en 2020 -en el camino hacia el 0,7-. Unos fondos que tienen que estar desligados de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras. En el terreno de la justicia fiscal, se piden políticas verdaderamente progresivas que sostengan las políticas sociales, la aprobación de una Ley contra el Fraude Fiscal –que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales–, y el establecimiento de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Un juego obsceno

La propuesta cuenta también con un juego provocador y divertido que busca provocar indignación, reflexión y acción. Aquenotelogastas.com consiste en jugar a tener tanto dinero como una de las personas más ricas del mundo. Se trata de poner en evidencia que mientas hay millones de personas en el mundo y en el Estado español que no tienen sus derechos básicos cubiertos, hay quienes acumulan tanto dinero que podrían comprarse un país, una isla, etc.

|Si quieres sumarte a la Campaña contra la Desigualdad Obscena, entra en esta web y busca las posibilidades que tienes. También puedes firmar para exigir unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen los derechos humanos aquí y en cualquier lugar del mundo. Aquí te puedes descargar el manifiesto (PDF).|

Pero España es también el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre, y casi 10 veces más que el promedio europeo. Incluso 14 veces más que en Grecia. Desde el año 2007, la brecha en el nivel de ingresos se ha disparado en los hogares españoles, rompiendo con los avances que se habían logrado desde mediados de los años 80. La crisis nos ha dejado más empobrecidos y más desiguales.

Se está produciendo una constante y sistemática vulneración del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Sin darnos cuenta, nos hemos dejado arrebatar infinidad de derechos porque no hemos sido capaces de defender lo que era nuestro. Pero hay tres valores humanos básicos que nunca podrán desaparecer del todo: justicia, libertad y dignidad humana.

Estos han sido los principios fundamentales de todas las luchas por los derechos humanos. La extrema concentración de la riqueza burla hoy brutalmente la ley moral básica de Kant: “Los humanos como seres racionales deben obedecer el imperativo categórico de respetar los derechos de otros seres racionales”.

Si un derecho no es universal, es un privilegio de algunos. Aquí es donde entra la justicia, junto con la libertad y la dignidad humana, porque la gente privada de libertad y, por tanto, de dignidad, no puede ejercer sus derechos.

Es necesario materializar los derechos sociales, entendidos estos como aquellos que hacen posible el desarrollo de una sociedad para todas las personas: Renta Básica, vivienda, educación, salud y cuidados de mayores. Para conseguir esto, los Gobiernos deben establecer políticas económicas alternativas a las actuales, que eliminen los procesos de exclusión y el progresivo incremento de la desigualdad hoy imperantes.

Una de las medidas concretas de mayor alcance para combatir la desigualdad y la pobreza es la Renta Básica Universal siendo, además, una herramienta de transformación social por su potencial emancipatorio al desvincular la existencia material de las personas del empleo y de los derechos a él vinculados.

La Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independientemente de que pueda tener otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Se entregará mensualmente, en moneda corriente a toda persona adulta y una cantidad inferior a menores de 18 años no emancipadas. Esta cantidad será el equivalente al umbral de la pobreza y por eso se considera técnicamente suficiente para garantizar el acceso a unos mínimos recursos de subsistencia.

Hablar de derecho universal significa que es para todas y cada una de las personas sin que haya algún motivo que justifique ninguna exclusión. Debe repartirse ex-ante y sin comprobación de los recursos de cada cual, y sin techo acumulando sobre ella. El hecho de que la Renta Básica se garantice ex-ante, la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión pues, a diferencia de los subsidios condicionados, no supone un techo, sino que establece nada más que un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Esto hace posible ahorrar los altos costos asociados con el examen de recursos que cualquier subsidio condicionado exige: con la Renta Básica se obtiene una simplificación administrativa que puede ser crucial para racionalizar las políticas sociales y la distribución de la riqueza.

[1] “Una Economía ak Servicio del 1%. Acabar con los privilegios y l concentración de poder para frenar la desigualdad extrema. La situación en España” Intermón Oxfam

Francisco Cantero Tercero de Attac Madrid