En 2015 también se alcanzó otro acuerdo, éste más concreto, para evitar que la temperatura media del planeta supere los 1,5 ºC, lo que nos llevaría a una situación de cambio acelerado e imprevisible.

Pero hay otras agendas internacionales, no tan públicas, no tan transparentes. Y estas agendas no van en la misma dirección de conseguir un desarrollo sostenible, armónico en lo ambiental, lo social y económico. Los expertos en comercio internacional nos cuentan que hace 15 años la oposición de los países BRICs a las negociaciones sobre agricultura, patentes farmaceúticas o servicios en el seno de la Organización Mundial de Comercio, la denominada “Ronda de Doha”, fue el desencadenante de esta nueva generación de acuerdos comerciales (TTIP, CETA, TISA) que nos traen hoy de cabeza. Las élites políticas y económico-financieras han superado el fracaso de estas negociaciones y vuelven a la carga con la liberalización de los mercados globales como mantra.

Un primer dato. Los negociadores de la UE en la cumbre del clima de París de 2015 llevaban la orden de no incluir la palabra comercio dentro del futuro acuerdo. El comercio no se toca, se eleva a categoría de divinidad intocable. La hoja de ruta de los que gobiernan la peor versión posible de la globalización evita acuerdos vinculantes en materia ambiental y social, pero la agenda de la globalización comercial tiene poderosos instrumentos vinculantes y tribunales de arbitraje que disuaden a los que osen cuestionar la supremacía del comercio sobre aspectos como los servicios públicos, los derechos humanos, el derecho a legislar o los estándares ambientales.

Y aquí nos encontramos. Una parte del planeta, las élites, trabajan para eliminar lo que en su jerga llaman “barreras no arancelarias” y lo que en boca de los políticos liberales es un “exceso de regulación”, “papeleo” y “burocracia mala”. Derechos, salvaguardas y estándares ambientales lo llamamos nosotros.

Vale que el Acuerdo de París hable de descarbonización de la economía (sin concretar fechas y medidas concretas) o que la Agenda 2030 establezca como meta que “para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía”. El acuerdo general de servicios, el TISA, no quiere más regulaciones, aunque estas sean para frenar el cambio climático. El TISA no diferencia entre energías limpias y contaminantes, haciendo imposible una eliminación gradual de los combustibles fósiles más perjudiciales para el clima como el carbón, las arenas bituminosas o el gas de fracking. Entre las medidas obligatorias incluidas en este acuerdo sobre el comercio de servicios se incluye una congelación de cualquier nueva medida reguladora que restrinja el comercio de servicios energéticos.

La Agenda 2030 quiere, para esa fecha, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos. Pero el TISA trata el abastecimiento de agua como un servicio más que puede ser liberalizado. Y una vez liberalizados los servicios (energéticos, de agua potable, educación, etc.), el TISA incluye una cláusula por lo que estos servicios no podrán volver a ser renacionalizados, aunque así lo decidan los gobiernos legítimamente elegidos. ¿Agua para todos en 2030? Si las grandes corporaciones siguen dominando la agenda internacional nos tememos que esto no a ser posible.

Cuando en febrero de este mismo año 12 países de ambos lados del océano Pacífico firmaron el acuerdo comercial transpacífico (el TPP), la organización Médicos sin fronteras denunció que el texto de este acuerdo comercial incluía nuevos y adicionales períodos de exclusividad para los medicamentos, las patentes, lo que bloquearía el acceso a los últimos avances médicos a millones de personas de todo el mundo. Con acceso directo a las negociaciones, las multinacionales farmacéuticas se habían asegurado la propiedad de sus patentes durante décadas, limitando la posibilidad de fabricar medicamentos “genéricos” a bajo costo.

Otro ejemplo. En los documentos secretos sobre el TTIP filtrados por Greenpeace Holanda en mayo de 2016, en ninguno de los capítulos se hacía referencia a la regla de “Excepciones Generales”, regla consagrada en el acuerdo del GATT de la Organización Mundial del Comercio hace casi 70 años que permite a los estados regular las reglas de comercio “para proteger a los seres humanos, la vida animal y vegetal o la salud” o para “la conservación de los recursos naturales no renovables”. Esta omisión de esta regla sugiere que ambas partes, la UE y EE.UU. están creando un acuerdo que sitúa los beneficios económicos por encima de la vida, la salud y el medio ambiente.

La agenda internacional se mueve en clave bipolar. De acuerdo en acuerdo, de cumbre en cumbre, alternando entre decisiones bienintencionadas pero no vinculantes que sueñan con un planeta saludable donde todos podamos vivir dignamente y, por otra parte, acuerdos vinculantes y con poderosos mecanismos de control que endiosan el comercio y su liberalización como único leitmotiv.

El próximo 15 de octubre salimos para recordar cuál es nuestra opción: las personas y el planeta por encima de las multinacionales.

Miguel A. Soto Caba, Greenpeace Spain

Pero tanto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como en la redacción de los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha existido una falta de voluntad política para denunciar y corregir verdaderamente los impactos sociales y ambientales del actual sistema de producción, distribución y consumo como principal responsable de la pobreza, desigualdad y deterioro medioambiental. Igualmente ha sucedido en las resoluciones de la Cumbre contra el Cambio Climático (COP 21). Los acuerdos adoptados nos llevan a un mundo de 2,7° C. Se calcula que el cambio climático podría arrojar a 720 millones de personas al nivel de pobreza en los próximos años.

En el contexto español, han tenido lugar eventos relevantes como son las elecciones autonómicas y locales, así como las elecciones generales, con una significativa participación. Los resultados han reflejado una amplia demanda por parte de la sociedad de cambios políticos profundos para la construcción de una democracia real, que represente los intereses de la ciudadanía y no los de las grandes corporaciones.

Un clima marcado claramente por grandes debates que tienen un impacto local y un reflejo global, como por ejemplo la negociación de un Tratado Internacional de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), y otros similares, como el CETA y el TISA. O la necesaria prohibición de los paraísos fiscales, la evasión y elusión fiscal de las grandes multinacionales, etc.… donde, además, la nueva agenda de desarrollo obliga a pensar en términos globales, debido en parte a la constatación de la existencia de pobreza y de desigualdades que superan las dicotomías Norte/Sur, y a entender el mundo de forma policéntrica.

En este contexto, no es posible olvidar que la pobreza y las desigualdades son cada vez más extremas, intensas y crónicas. La situación de crisis global, multidimensional y compleja, ha tenido como respuesta medidas antisociales, debidas a políticas únicamente de austeridad, que no han hecho más que empeorar la situación de las poblaciones más vulnerables del planeta.

Especialmente grave es la crisis de refugiados, la mayor desde la 2ª Guerra Mundial, que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo y donde la postura de la UE es extremadamente insolidaria, llevando a la muerte a miles de inocentes, que pretenden desesperadamente alcanzar un refugio en Europa. La situación se ve agravada por el Acuerdo entre la UE y Turquía, que supone la devolución en caliente a Turquía de todos los migrantes irregulares que lleguen a Grecia.

Por todo lo anterior, la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad reclama que se adopten compromisos políticos tangibles para establecer una senda de desarrollo humano, equitativo y sostenible para todas las personas del planeta.

En este documento de posición presentamos una serie de propuestas y de demandas para conseguir atacar las causas del problema y erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y mitigar lo efectos del cambio climático.

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#FuturoconLuz #Action2015

Madrid, 24 de septiembre de 2015. A las puertas de la Asamblea General de Naciones Unidas, cientos de ciudades en todo el mundo, han exigido a sus representantes compromisos firmes para acabar con la pobreza y la desigualdad y proteger el planeta que habitamos. La reunión, que comienza mañana en Nueva York, es una cita determinante para nuestro futuro puesto que dará el pistoletazo de salida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Madrid ha acogido en la Puerta del Sol un acto en el que se han proyectado –desde un edificio de la plaza hacia el suelo- la frase “Asamblea General de Naciones Unidas: nuestro futuro está en juego” y se ha leído un comunicado con demandas de la ciudadanía: respeto por los derechos humanos, participación ciudadana, garantía de la igualdad de género, respeto medioambiental o fomento de la política de cooperación han sido algunas de ellas.

Otras ciudades del Estado Español España como Castellón, Cuenca, Burgos, Granada, Sevilla o Valencia han acogido actos similares.

*¿Por qué es importante la Asamblea General de Naciones Unidas?

La 70ª Asamblea de Naciones Unidas es tan importante para el futuro del planeta porque en ella se adoptará la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta con 17 Objetivos y 169 metas que marcarán la dirección internacional para los próximos 15 años en políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad y la protección del medioambiente. Unas objetivos que deberán guiar las políticas internacionales y domésticas de los gobiernos.

*¿Qué pedimos al gobierno español?

La Cumbre que comienza mañana no puede quedarse en meras declaraciones. Es necesario que los Estados, en este caso, España:

Cuente con un esquema de financiación del desarrollo donde la financiación pública sea el centro
Asuma que los recursos domésticos son importantes, pero insuficientes si no se lucha en paralelo con contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales
Cumpla con los objetivos de la agenda de manera universal; es decir, que se cumplan tanto en las políticas internas como en las exteriores. Y ello ha de hacerse desde el enfoque de “coherencia de políticas” para que se eviten los efectos negativos que las nuestras políticas tienen en el exterior.
Defina un sistema de indicadores que permitan analizar el avance de la agenda
Cree espacios de diálogo que garanticen la participación de la sociedad civil en la puesta en marcha y seguimiento de los objetivos asumidos.

“Los desafíos son grandes y por eso, desde la Alianza Española contra la Pobreza, le solicitamos que impulse:

1. La centralidad de los Derechos Humanos en todos los acuerdos y el compromiso por su realización. Los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes y los Estados tienen la obligación de respetarlos, proteger a sus poblaciones de las violaciones de los mismos, y utilizar todos los recursos disponibles para su plena realización.
2. Un compromiso político claro con la nueva agenda, el cual debe materializarse en la creación de un Plan Nacional de Implementación, que incluya compromisos concretos de financiación pública, no sólo a través de AOD, sino a través de la construcción de una fiscalidad justa.
3. Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia lo más inclusivos posibles, y que cuenten con la participación de la sociedad civil y de todos los grupos sociales. Es fundamental que el parlamento y el conjunto de las instituciones públicas adquieran un papel activo en el cumplimiento y revisión de la agenda. En este contexto, la Alianza propone la creación de un Panel Internacional contra la Pobreza y la Desigualdad.
4. La elaboración de una estrategia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo a la altura de esta nueva agenda.”

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una oportunidad histórica de acelerar el progreso hacia un futuro mejor para todos. Los objetivos mundiales, que se anunciarán el sábado 26 de septiembre, tienen el potencial de darle forma a los próximos 15 años de desarrollo global y crear un impulso hacia un acuerdo sobre el clima a largo plazo en diciembre. Los compromisos en 2015 podrían alcanzar:

• El fin de la pobreza extrema antes del 2030, que aun condena a millones de personas, especialmente mujeres y niñas, a una muerte prematura, a una falta de educación y a una mala salud.
• Un punto de inflexión en los niveles crecientes de desigualdad y de discriminación.
• Una transición acelerada y completa a las energías renovables que garanticen políticas que cuiden de la gente y del planeta

Como humanidad nos jugamos mucho en estas citas. Movimientos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo están ejerciendo una importante labor de vigilancia ciudadana y de construcción de propuestas colectivas. Esperamos que los gobiernos estén a la altura de los complejos retos a los que nos enfrentamos en los próximos años.

Los países de las Naciones Unidas han aprobado resolver unos retos de la humanidad desde 2016 al 2030, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Éstos sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaron en el año 2.000 y que han servido de guía para la realización de los programas de cooperación al desarrollo y estímulo para su cumplimiento, si bien, asimétrico de los mismos.

Los ODS han nacido con más ambición. Ya no han sido hechos desde una mirada de los países ricos sobre los pobres. Su carácter es universal. Se deben de cumplir en todos los países del planeta y todos los Gobiernos deben velar (y pedírseles cuenta) por su implementación.

En estos tiempos hay una constancia de la desigualdad creciente en todos los países y como ésta se da en muchos casos de manera más profunda en los países específicamente llamados ‘desarrollados’. La crisis económica ha agravado la desigualdad.

Además de esta agenda universal, los ODS parten de ser planteados simultáneamente, de forma inclusiva y coherente. No se puede dar una mejora sanitaria y, por ejemplo, mantener la no escolarización de los niños y adolescentes. Niñas y niños, porque se remarca la igualdad y la necesaria promoción en educación y en otras facetas de las niñas y las mujeres, el 50 por ciento de la humanidad que actualmente no tiene las mismas oportunidades y presupuestos.

Los ODS consisten en 17 Objetivos con 169 metas, para ‘poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo’, ‘el hambre’, ‘velar porque todas las niñas y niños acaben la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad’, etc.

El mundo sindical se siente reconocido en el Objetivo 8 porque hay un reconocimiento del trabajo digno como definitorio del desarrollo y se reclama el pleno empleo productivo, trabajo decente, erradicar el trabajo forzoso e infantil y la igualdad salarial hombre-mujer. Se ha redactado de esta manera: ”Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Y eso ejemplifica los equilibrios de los redactores del texto al igualar crecimiento económico inclusivo y sostenible con el trabajo decente. El objetivo 8 y sus metas, en caso de cumplimentarse supondrá, entre otras cosas, erradicar el trabajo forzoso, el infantil; lograr el pleno empleo para las personas con discapacidad; y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Ese equilibrio también está presente en el punto 3 de la introducción, “… crear condiciones necesarias para…el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad”.

También queda recogida la meta de “proteger los derechos laborales y y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precario.

La Declaración insiste en muchas ideas que compartimos, desde el “que nadie se quedará atrás”, “combatir las desigualdades dentro de los países”, “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas” y que “los objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y ambiental”.

Pero esos equilibrios en la redacción de los ODS se han visto agrandados por las limitaciones en la fijación de metas en la financiación de esta Agenda de desarrollo, sólo hay que ver que aunque se alude a la elusión fiscal, no hay un plan y un regulador ejecutivo internacional que evite los paraísos fiscales o las prácticas planificadas de elusión fiscal de multinacionales. Esta crítica está fundamentada en el resultado de la Conferencia de financiación de Addis Abeba celebrada en julio de este año y que es la referencia financiera de los ODS.

Por último, siendo un avance estos ODS sobre los ODM por lo que decíamos de que deberán cumplimentarse en todos los países, no hay un organismo explícito dentro de las Naciones Unidas que tenga como misión vigilar la coherencia de medidas, la rendición de cuentas, con capacidad de participación de la sociedad civil y proponer alternativas de políticas. Pero también es cierto, que hay propuestas como la del Panel que propone la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad que avanzan en este sentido y que está recibiendo apoyos para que en futuras discusiones sobre la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sea aceptada.

Entre los días 13 al 16 de julio se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) la tercera conferencia internacional sobre financiación al desarrollo. La oportunidad de convocarla inmediatamente antes de las discusiones y aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes de septiembre es clara. Por primera vez se discute, previamente a la fijación de los objetivos, el cómo llevarlos a cabo y bajo qué planteamientos obtener los recursos económicos necesarios. Los debates alcanzarán a la determinación de qué políticas económicas deben hacerse para lograr en todo el mundo la erradicación de la pobreza en el año 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucederán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la guía que ha incidido en la orientación de las políticas de la ayuda al desarrollo de los países empobrecidos en el periodo 2000-2015. Los ODS tienen la virtud de tener un planteamiento universal, bajo la necesidad de satisfacerlos en todas partes del mundo dado que la extrema desigualdad ha propiciado que en todos los países haya bolsas de pobreza. Esta desigualdad se concreta en que el 1 y el 10 por ciento de la población mundial acaparan más del 50 y el 83 por ciento de la riqueza mundial, respectivamente. Y también, en que en España los millonarios hayan crecido un 40% en el período álgido de esta crisis, mientras que una gran parte de españoles se ha empobrecido.
La evolución de las discusiones que se están produciendo para fijar el acuerdo en Addis Abeba sobre financiación se puede seguir a través de la lectura de los diferentes borradores de la declaración final. Y no parece que vayan por un camino acorde a las expectativas generadas. Cada nuevo borrador facilitado por el dúo de embajadores facilitadores -Talbot (Guayana) y Pederson (Noruega)-, en nuestra opinión, es en general más regresivo. Porque si bien, se mantiene el objetivo del 0,7 % del PIB en de Ayuda al desarrollo y se hace alguna alusión a la lucha contra la corrupción, los flujos monetarios ilícitos y el comportamiento responsable de las multinacionales sólo hay un planteamiento moral y su concreción quedan en el aire. Tampoco hay una determinación sobre una base mínima que grave los beneficios y la riqueza, por lo que se mantiene la licitud de los paraísos fiscales y el desigual reparto del beneficio según los intereses de los detentadores de la fijación de precios en la cadena de valor.
Por supuesto, tiene mejoras con respecto a la situación de partida al incluir aspectos holísticos de la lucha contra el cambio climático, o lo pernicioso que es el tabaco para la salud y para los presupuestos públicos, o bien el rechazo a subvencionar los recursos fósiles frente a las energías renovables. Las buenas noticias alcanzan también a la inclusión de un capítulo de tecnología e innovación que toca aspectos cruciales del problema de su difusión y, por lo tanto de su apropiación, si bien siguen estando en un terreno demasiado gaseoso para vislumbrar sus verdaderos resultados.
Se aprueba un desarrollismo en los textos ligados a la necesidad de infraestructuras y en la redacción de los borradores destacan la aportación al desarrollo del sector privado, las asociaciones público privadas, la filantropía, el comercio y el entorno propicio que el estado debe crear a los negocios. Pero no reclama una fiscalidad progresiva, suficiente, equitativa. Se reclama transparencia, pero sin fijar normas. Hay referencias al trabajo decente y a que se cumplan los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, pero no se ponen como condición. Es decir, poco más de la situación actual y no un cronograma de actuaciones que haga verosímil el tapar agujeros de las finanzas internacionales para lograr una justicia fiscal o un reparto más equitativo de los beneficios del trabajo y de la riqueza que genera.
Por último, se eluden mecanismos de rendición de cuentas. Así, no se ha planteado la existencia de un organismo fiscal intergubernamental en el seno de las Naciones Unidas que tenga como finalidad la toma de objetivos, medidas para llevarlos a cabo, calendario, y fórmulas de seguimiento e incluso sanciones sobre la fiscalidad mundial. Ese sería un paso trascendental para el desarrollo cohesionado de la humanidad.

Puedes verla aquí:

https://kuorum.org/proyectos/espana/desarrollo/SDG/propuesta/es-necesario-crear-un-organismo-que–5569fed4e4b0d95697510e1d

Post-2015 y FpD3: Comienzan los debates, emergen las líneas políticas

Published on Sun, 2015-02-08 19:05