La Alianza Española Contra la Pobreza y Pobreza Cero convocan a toda la ciudadanía a que acuda a las Movilizaciones que se celebrarán en torno al 17 de octubre en todo el Estado. También invita a participar en las diferentes acciones que se organizan en torno a la semana de lucha contra la pobreza. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se movilice para demandar conjuntamente que se acabe con la riqueza que empobrece dentro y fuera de España.

La campaña de acción propuesta fomentará y promoverá diversas actividades iniciadas por nuestros colectivos de lucha por la justicia social para aumentar la presión pública para lograr acabar con la obscenidad de la desigualdad.

Queremos denunciar la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, y poner a las personas y sus derechos en el centro como cuestión de justicia social y dignidad humana.

¿Dónde?

Las acciones Pobreza Cero se organizan en cualquier lugar que haya un grupo de personas concienciadas con los problemas de pobreza, desigualdad e insostenibilidad en el mundo y estén dispuestos a movilizarse en su ámbito más cercano para denunciarlo y aportar soluciones.

Consulta las actividades de tu localidad abajo.

Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Los datos, por su parte, apuntan a que el gasto total con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) se encuentra en su nivel más bajo desde 2007.

Numerosos informes sobre la situación económica y social del Estado español[i] reiteran desde hace algunos meses que, aunque la recuperación de las cifras macroeconómicas indique que España ha salido de la crisis económica, la pobreza y la desigualdad generadas tras las diferentes reformas económicas y sociales aplicadas desde 2011 persisten.

Las políticas de ajuste que se han sucedido desde 2009 han profundizado la brecha entre ricos y pobres. Entre 2008 y 2015, el 20% de la población más pobre ha visto reducidos sus ingresos en un 15%. Situación que se acentúa en las capas más vulnerables de la población.

Algunos datos

• El gobierno reduce por tercer año consecutivo el desembolso en Sanidad y Educación, y por quinto año consecutivo el monto destinado a Protección Social.
• El gasto presupuestado en educación para 2018 supone 2.600 millones de euros. Desde 2011 se han dejado de invertir unos 3.000 millones de euros en educación – ascendiendo hasta más de 6.000 millones de euros, si se tienen en cuenta los RD 14/2012 y 20/2012.
• En sanidad, a pesar del aumento de un 3,9% con respecto al presupuesto de 2017, las partidas continúan estando unos 350 millones de euros por debajo de su máximo histórico (2009). Si analizamos las partidas de los PGE 2018, se detecta que lo que realmente aumenta son aquellos fondos destinados a la privatización. Especialmente los relacionados con las mutualidades de funcionarios (MUFACE, etc.) que se sitúan en 2.249 millones de euros (195 millones más que en 2009; un 9,49% mas que en 2017).
• Las medidas de prevención de la violencia de género se quedan en 80 millones de euros, muy por debajo de los 200 millones a los que se había comprometido el Gobierno.
• En términos absolutos, el gasto en desempleo desciende en 616 millones de euros, mientras que la partida para fomento del empleo crece solo en 217 millones. España ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo: la tasa de desempleo juvenil -que se sitúa en el 44%- y la precarización del empleo, conllevan que un 13% de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social. Cabe destacar que, en el caso de trabajadores extranjeros, la cifra se sitúa en el 31,5%, la más alta de la UE.
• El Gobierno aumenta en 46 millones la ayuda a la dependencia en 2018, pero dejó sin gastar 44 en 2017.
• El Gobierno frena la degradación del sistema de cooperación de los últimos ejercicios, pero posterga su recuperación. La propuesta de iniciar el V Plan Director con € 2.602 millones – un esfuerzo de ayuda del 0,22% de la renta nacional bruta (RNB) – implica alejarse de la ruta del 0,4% al final de la legislatura.

Todas estas caídas se contextualizan en el paulatino proceso de reducción de gastos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El gasto total más alto desde que el líder del Partido Popular llegó a La Moncloa se alcanzó en 2012, cuando superó el 48% y a la Protección Social se le asignó una partida que alcanzó el 17,5% del PIB. El año pasado, cinco ejercicios después del pico, el gasto total ya había caído al 42,4%, cifra que este año se quedará en el 41% y que en 2019 ni siquiera llegará al 40%, frente a la media del 45% en la UE.

Desde la ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, consideramos que los PGE para 2018 llegan tarde y sobre todo, no solo no abordan los graves problemas de pobreza y desigualdad de nuestro país sino que los mantienen o los profundizan.

Los PGE tienen que enfrentar la desigualdad, defendiendo y fortaleciendo los sistemas públicos de garantía social como la educación, la sanidad y la protección social. Invertir en el acceso a un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo basado en estándares de sostenibilidad medioambiental. Deben estar orientados a la promoción y defensa de los derechos laborales y de  ciudadanía, en una sociedad donde el trabajo decente y con derechos sea una realidad. La sociedad española pide unas reglas justas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos como la mejor forma para salir de la crisis que los mercados y los intereses financieros han desencadenado.

El Estado debe reducir su desfase en gasto social con respecto a la media de la UE, en coherencia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad hace las siguientes propuestas de cara a la elaboración de los PGE:

• Ampliar las inversiones en Educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia. En educación el gasto debería aumentar progresivamente hasta alcanzar, al menos, el 7% del PIB.
• Incrementar las inversiones en Sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal. El gobierno ha de garantizar el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
• Recuperar los presupuestos para las políticas para la Igualdad de Género y los planes contra la violencia de género. Es necesario alcanzar los 200 millones comprometidos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral.
• Cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.
• Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. De forma progresiva, la AOD debería alcanzar el 0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal.

Necesario luchar contra el fraude fiscal y la austeridad europea

La Alianza Española contra la Pobreza insta al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulo de ingresos en los PGE, con el objetivo de conseguir los ingresos necesarios para destinarlos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todo ello en un contexto en el que, además, la deuda pública para 2018 se estima que ascenderá a un 97,6% del PIB.

España tiene 7 puntos por debajo del PIB en ingresos fiscales que los países de nuestro entorno, es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, también tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan menos que el resto de la ciudadanía). Aunque el sistema fiscal español es técnicamente progresivo, las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales y sociedades hacen que, en términos reales, el sistema sea regresivo.

El estancamiento de la lucha antifraude, la evasión fiscal, la elusión en paraísos fiscales, y las exenciones tributarias impiden una recaudación adicional que se estima en torno a 70.000M€. Esto podría destinarse al mantenimiento del gasto público vinculado con políticas sociales.

Por ello, urgimos al gobierno a luchar de forma contundente contra el fraude fiscal y a todos los grupos parlamentarios a aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción. Es urgente implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

[i]Informe Social de la Comisión Europea (España), presentado el 7 de marzo de 2018

“El crecimiento económico sostenido necesita menos desigualdad” (Christine Lagarde- Presidenta del FMI el 19 marzo 2018 en la reunión del G-20 en Buenos Aires)

Informe Anual del Defensor del Pueblo, 19 marzo 2018

Algunos datos

• Mientras está previsto que el PIB español crezca en un 2,4%, las políticas públicas sociales no han mostrado una recuperación similar
• El 1% de la población española más pudiente acapara la cuarta parte de la riqueza nacional.
• La OCDE  y la Comisión Europea alertan de la escasez y la ineficacia de las políticas españolas para proteger a los más vulnerables, no digamos ya para redistribuir la riqueza.
• La productividad por hora trabajada ha aumentado un 6% desde 2012. El coste salarial, apenas un 0,6%. Diez  veces menos.

Con ocasión del Día de San Valentin, la Alianza le ha cantado a Montoro una coplilla, para denunciar que los presupuestos no están poniendo el foco en el lugar adecuado:

¿Quién es el que manda cobrar los impuestos?
¿Quién decide el gasto de los presupuestos?
¿Quién dará a los bancos todo lo que es mío?
¿Quién me va a dejar el corazón partío?
¿Quién negara la ayuda a los necesitados
Y no inspeccionará todos los encausados?
Dime si no nos das, dime Montoro mío
¿Quién les va a curar el corazón partío?

Se trata de una adaptación libre de la canción Corazón partío.

Se adjuntan vídeo (https://drive.google.com/drive/folders/1uUNPnCmsfDuXfIfUy5IJe1UjXV-nmbIJ?usp=sharing) y fotos.

“Actúe con justicia, distribuya la riqueza, combata el fraude y proteja a las personas más vulnerables. Está en sus manos”, señaló Ángel González, portavoz de la Alianza.

La campaña Muévete contra la Desigualdad, que ha logrado reunir más de 15.000 firmas, propone la adopción de una serie de medidas, entre las que se incluye una mayor inversión en políticas públicas destinadas a la inclusión y protección social, el aumento de los fondos destinados a la solidaridad global y la puesta en marcha de políticas tributarias justas y progresivas, para revertir los efectos de la desigualdad y abordar la pobreza. Para ello, los presupuestos generales del Estado deben priorizar políticas públicas orientadas a las personas, a sus necesidades y su bienestar, y no los intereses de los grandes grupos y élites económicas.

QUE NO DEJEN ATRÁS A NADIE Y QUE GARANTICEN LA REDISTRIBUCIÓN

Más de mil organizaciones y 15.000 firmas individuales se han sumado a la campaña Muévete contra la Desigualdad Obscena para exigir unos presupuestos comprometidos con la erradicación de la Pobreza y de la Desigualdad

31 de enero de 2018. La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuesta por más de mil organizaciones (ONGD, sindicatos, organizaciones religiosas, feministas, etc.) entregó hoy en el registro del Ministerio de Hacienda más de 15.000 firmas de personas y organizaciones que apoyan una batería de propuestas para que los Presupuestos Generales del Estado 2018 no dejen atrás a nadie y garanticen la redistribución.

Entre estas medidas se incluye una mayor inversión en políticas públicas destinadas a la inclusión y protección social, el aumento de los fondos destinados a la solidaridad global y la puesta en marcha de políticas tributarias justas y progresivas (se adjunta manifiesto con las peticiones).

La Alianza también solicitó una reunión con el ministro Cristóbal Montoro Romero para trasladarle en persona sus principales preocupaciones y propuestas. Los presupuestos son la forma en la que el Estado prioriza las políticas a seguir durante el año. Por ello, “es necesario que estas pongan en el centro a las personas y sus necesidades y no los intereses de las élites”, ha señalado Marta Iglesias, portavoz de la Alianza.

La Alianza denuncia además que la supuesta recuperación económica de la que el Gobierno presume no se está trasladando a las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, señala que “los presupuestos son una herramienta para corregir los efectos de las desigualdades. Es necesario que en éstos pongan siempre el bienestar de las personas en el centro de las políticas públicas”.

Las organizaciones y plataformas firmantes son:

• Acción Social Protestante
• ATTAC España
• Comisión Islámica de España
• Comisiones Obreras
• Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios (CECU)
• Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA)
• Confederación Intersindical
• CONFER
• Consejo de la Juventud de España
• Coordinadora de ONGD-España
• Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España
• Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública
• Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
• Iglesia Evangélica Española
• Inspiraction
• Justicia y Paz Estatal
• Justicia y Paz Madrid
• Plataforma Banca Pública
• Plataforma de Infancia
• Plataforma por el 0’7
• Unión General de Trabajadores (UGT)
• Unión Sindical Obrera (USO)
• VOCES

Contacto prensa: Amanda Andrades, 695 940 370

La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia.

Si hay dinero, entonces, ¿qué es lo que ocurre?

El gobierno sigue priorizando los intereses de los mercados por encima de los de la población y esto no lo podemos permitir.

Queremos que se recuperen las políticas públicas de protección e inclusión social, que se cumplan los derechos humanos de todas las personas, cooperación internacional, y redistribución de la riqueza.

Sí, redistribución. Por que dinero hay, pero está oculto o no está tributando como se debe. Otra noticia reciente es que el número de millonarios en España es casi un 15,6% más que en 2016. O que los salarios medios bajan, mientras los beneficios empresariales crecen hasta un 24%.

Por todo lo anterior, desde la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad te pedimos que firmes. Que difundas. Que apoyes, y que te sumes a nuestra petición. Contra la Desigualdad Obscena, JUSTICIA SOCIAL.

La situación de colapso social y económico a que nos aboca el capitalismo neoliberal se ve retroalimentada por los crecientes desequilibrios que conlleva sobre el medio ambiente. El Cambio Climático es un claro ejemplo indicador de este desequilibrio, de estas disfunciones del modelo económico que, a su vez, ahonda en las brechas de desigualdad social pues las poblaciones humanas que más lo sufren no son en absoluto las responsables de haberlo provocado.

Desde hace ya muchos años la ciencia ecológica (y alguna económica) llegó a una obvia conclusión cual era diagnosticar la inviabilidad de un modelo, el neoliberal, basado en un incierto concepto de mercado que se soportaba sobre la falacia de la infinitud de los materiales que alimentan los ciclos naturales. Una dinámica que hace que el capitalismo se soporte en base a un crecimiento firme y casi perpetuo para aportarnos todos los bienes y servicios no solo necesarios sino supernumerarios para nuestra “propia felicidad”.

La realidad es muy diferente y está basada en el carácter finito de los recursos naturales en los que se asienta el modelo cuya tasa de renovabilidad no es lo suficientemente rápida para garantizar los beneficios económicos que requiere el ciclo capitalista. El colapso así está servido y en términos ecológicos, siempre de percepción más lenta, está en proceso. Este hecho, de apropiación necesaria de los recursos por parte del capital, incide obviamente en la ruptura de equilibrios ecosistémicos muchos de los cuales son la base de los escenarios de cohesión y equidad social. Todo ello tiene relación con los Derechos Humanos (ambientales y sociales, son los mismos) pues en tanto los recursos naturales son bienes comunes (antropológicamente una realidad que nos retrotraería al uso coordinado y a la solidaridad como elemento evolutivo esencial de la especie humana); estos son generadores de derechos cuyo ejercicio conlleva la observación de principios basados en la equidad y en la justicia ambiental como parte ligada intrínsecamente a la social y/o económica.

Estos desequilibrios (desigualdades) se detectan claramente cuando se conculcan estos derechos y son claramente perceptibles en algunos ejemplos.

• Las Áreas socialmente deprimidas en la gran mayoría de los casos son áreas ambientalmente degradadas donde se plantean, además, actuaciones que inciden en mayor medida en esa degradación. Así, las actividades extractivas (minería, energética, sobrepesca, etc…) en la gran mayoría de los casos produce graves disfunciones en los pobladores donde se implantan a cambio de promesas de empleo que nunca se cumplen. Los procesos de inundaciones que irán in crescendo con el cambio climático, afectan en mayor medida áreas degradadas, en llanuras de inundación de alto riesgo (huracán Kathrina, inundaciones de zonas de ribera en muchos casos, …); la instalación de vertederos u otras plantas en áreas rurales más despobladas que sufren por contaminación inducida de las aguas que son utilizadas para riegos, básicos para la alimentación de la zona (también sigue existiendo el tráfico ilegal de residuos a países más pobres); trazados de autopistas, oleoductos, acuaductos, etc… suelen afectar áreas deprimidas, buscando mayores ahorros de expropiación y menores protestas, o al menos, de menor alcance político. Son algunos ejemplos.
• Otra fuente de desigualdades socioecológicas proviene de los accesos diferenciales a los recursos naturales esenciales para la vida humana. A este nivel destacan algunos casos claros, ligados entre sí (la ecología es una ciencia de interrelaciones):
• El Cambio Climático que está catalizando procesos de sequía preexistentes que generan hambrunas que, a su vez, provocan desplazamientos en masa, refugiados ambientales o climáticos (más de 70 millones hoy en día según ACNUR) que fluyen a asentamientos humanos muy deficitarios donde las condiciones vitales son precarias. La relación del cambio climático como catalizador de conflictos bélicos (y guerras) es una evidencia que está preocupando cada vez más. El último caso, Siria.

El acceso al agua es un derecho humano según NNUU desde el 2010 y no se cumple en muchos lugares del planeta donde persisten enormes desigualdades sociales. Este acceso también tiene que ver con embalses que han afectado grandes territorios cuyos pobladores lucharon sufriendo dolorosas pérdidas por activistas asesinados.

Sin ir a otros continentes, la “pobreza hídrica”, la pobreza que impide siquiera a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad española abonar la factura de agua sufriendo cortes del suministro (se dan en nuestro país, unos 300.000 cortes de agua que son cubiertos por la asistencia social pública), o la gran agroindustria que ante los procesos de sequía creciente está monopolizando recursos mediando el opaco mercado de derechos concesionales de aguas sin apenas control estatal.

• El suelo. Grandes territorios (África) están siendo comprados (acaparados) y monopolizados por fondos de inversión para asegurar su uso agrícola y el control financiero de precios de productos agrícolas. Esos suelos comprados a bajísimo coste en áreas donde apenas existe estructura social compleja sino núcleos indígenas, está incidiendo en un desequilibrio que no solo afecta (y mucho) a los antiguos propietarios de las tierras prácticamente expulsados, sino al equilibrio de poder de todo el Planeta.
• Energía. Áreas con subsuelo rico en combustibles fósiles, petróleo, gas; están siendo expropiadas a costa de extracciones que producen efectos irreparables en los ecosistemas (no todo puede restaurarse) y en las estructuras sociales de las poblaciones preexistentes.
• Apropiación de la biodiversidad. La especulación con los genes, una ingeniería genética que genera intrínsecamente predominio monopolístico en las patentes por parte de un reducido número de grandes corporaciones multinacionales que imponen sus productos (semillas) a productores agrícolas mediante concierto con los Estados que asumen sus condiciones sin evaluar las implicaciones de bien común.

Estos son algunos ejemplos. Hay otros muchos que hacen ver que el colapso social viene ligado al ambiental y que solo cabe la vuelta al equilibrio, es decir, a la igualdad social. Cuando se apela a los equilibrios ecosistémicos también estamos apelando a la equidad social. Por eso la Política debe mirar más a la Ecología; por eso la Ecología es, también, Política.

Alberto Fraguas Herrero, ATTAC Madrid

Mejorar la equidad de la fiscalidad, el sistema de impuestos, haciendo real una justicia fiscal progresiva y suficiente, para que todos paguemos impuestos según la capacidad económica, es un instrumento potente para combatir la desigualdad.Actuar sobre la fiscalidad implica una lucha decidida contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el impago de cotizaciones sociales. Supone también eliminar ventajas y favores de la legislación vigente a los grandes contribuyentes para reducir (o suprimir) su aportación fiscal. Los partidos  que aspiran a gobernar este país no deben olvidar que una fiscalidad justa es prioritaria e imprescindible un acuerdo amplio para establecer su suficiencia y acabar con la injusticia fiscal que favorece las desigualdades de renta y riqueza.

Es indiscutible que la política fiscal es uno de los principales medios con que cuenta el Estado para reducir la desigualdad que genera el sistema económico vigente, tanto por el modo y condiciones de recaudar impuestos como por la concreción del gasto o inversión pública. Si la fiscalidad no es progresiva para garantizar que pague más quien más tiene, aumentarán las desigualdades. Un sistema tributario con menor peso de impuestos directos y mayor de indirectos, que además grave de modo insuficiente las rentas de capital y el patrimonio, renuncia a la progresividad y, por tanto, a la justicia, sobre todo si no pone los medios precisos para luchar de forma decidida contra la evasión y elusión fiscales.

Por eso, combatir las desigualdades supone establecer un sistema tributario que aplique de forma eficaz los principios de progresividad y equidad del sistema de impuestos que ordena el artículo 31 de la Constitución española. Al aplicarlos se puede establecer una fiscalidad justa que redistribuya la riqueza acumulada por las élites capitalistas que han utilizado la crisis para aumentar su riqueza.

Es imprescindible también aplicar el principio de suficiencia fiscal que, aunque no se concreta en el texto constitucional, está recogido de forma implícita en otras partes del articulado. La suficiencia fiscal supone que el presupuesto del Estado se calcula según las inversiones y el gasto necesarios para satisfacer los derechos y necesidades de la ciudadanía y asegurar servicios públicos de calidad. Es decir, recaudar en función de esas necesidades y no hacer un presupuesto según lo que se recaude sin tener en cuenta los derechos de la ciudadanía. Es preciso establecer una fiscalidad como palanca imprescindible para combatir la desigualdad, que financie políticas sociales, que permitan aliviar la situación de la ciudadanía menos favorecida y alentar la igualdad de oportunidades.

No es esa la fiscalidad de España como prueba el diferente tratamiento de las rentas del trabajo y del capital. Por eso, cuando la crisis económica supuso el desplome de ingresos públicos, se esgrimió la insuficiencia  recaudatoria para perpetrar sangrantes recortes presupuestarios de políticas sociales que aumentaron la vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía, especialmente las mujeres, aumentando la desigualdad en la sociedad.

La errónea e injusta respuesta a la reducción de ingresos por la crisis ha sido aumentar impuestos indirectos, como el IVA, reducir los tramos del IRPF (que lo hace más injusto) y también el tipo nominal del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Esas medidas son los ejes de la contrarreforma fiscal del Partido Popular aprobada en diciembre de 2014. A las que sumar la práctica desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid y otras y la competencia a la baja del impuesto sobre sucesiones y donaciones, más la proliferación de beneficios fiscales discrecionales a agrandes empresas y fortunas y la existencia de las sicav y las etve con tratos fiscales de favor. Más la elevada elusión y evasión fiscales existentes porque la voluntad gubernamental para combatirlas es claramente insuficiente.

La desigualdad aumentará si no cambiamos a otra fiscalidad justa, progresiva y suficiente que garantice las políticas sociales para poder corregir desigualdades. Hay que exigir a los partidos políticos que aspiran a gobernar que se comprometan públicamente e incorporen a sus programas políticos dotar al sistema fiscal de mayor progresividad que suponga:

• Mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta.
• Igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital.
• Limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades.
• Presión fiscal como la de los países de la eurozona.
• Más personal y medios técnicos en la Agencia Tributariapara luchar contra el fraude fiscal.
• Y medidas normativas para lograr mayor transparencia fiscal de las empresas.

O conseguimos esa nueva fiscalidad o crecerá sin pausa la desigualdad. Y con ella la pobreza y se establecerá para siempre la injusticia.