Por un sistema comercial internacional sostenible y garante de los derechos humanos, con la lucha contra la pobreza en su corazón.

Por un sistema comercial internacional sostenible y garante de los derechos humanos, con la lucha contra la pobreza en su corazón.

Los próximos días 13 al 18 de diciembre, tendrá lugar en Hong Kong la VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En la misma, se pretende reactivar la agenda de comercio de Doha, con el fin de desbloquear las negociaciones comerciales internacionales. El impacto que dichas negociaciones puede tener sobre la población del planeta es importantísimo.

La Alianza Española contra la Pobreza, que agrupa a más de mil organizaciones y colectivos sociales, incluyendo ONG para el Desarrollo, organizaciones Ecologistas, Sindicales, Juveniles, Feministas… viene desarrollando desde principios de año movilizaciones en el marco de la Llamada Mundial contra la Pobreza, que culminarán en las movilizaciones internacionales en relación a la cumbre de la OMC.

Desde la diversidad de posiciones e interpretaciones de la realidad que sustentan el trabajo de la Alianza Española contra la Pobreza, constatamos que, desde su creación en 1995 y hasta el momento actual, la Organización Mundial del Comercio ha fracasado rotundamente en su empeño por establecer un régimen internacional que concilie los intereses del norte industrializado y el sur empobrecido. Su intención de imponer normas y regímenes de comercio contrarios a los intereses y necesidades de la inmensa mayoría de la humanidad ha provocado una oleada de movilizaciones internacionales en contra de sus políticas con la cual nos identificamos.

Reivindicamos una nueva aproximación al comercio internacional: una aproximación democrática y con enfoque de género, que permita la sostenibilidad, que tenga como principios orientadores el respeto de los derechos humanos y normas laborales, el mantenimiento y crecimiento de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza.

Para ello pedimos al gobierno español, que en el seno de la UE, defienda:

En el ámbito del comercio agrícola:

  •  Todos los países tienen el derecho a proteger y apoyar su sector agropecuario sustentado sobre explotaciones familiares sostenibles de forma que les permita avanzar en el objetivo de la soberanía alimentaria definido conforme a estrategias de desarrollo propias.
  • Se debe eliminar cualquier forma de subvención a la exportación agrícola, estableciéndose una fecha límite en la reunión de Hong Kong, además de proponer que cualquier otra subvención agrícola, sea reducida y reorientada a favor de un desarrollo rural sólido, a través de la creación de empleo, la erradicación de la pobreza rural, la mejora de las condiciones de empleo, etc.
  • Se debe  generalizar la adopción de medidas de Trato Especial y Diferencial. para los países menos avanzados cuyas economías dependen de productos agrícolas clave.
  • Los países deben implementar políticas públicas activas capaces de adecuar el modelo agrícola a los objetivos de desarrollo sostenible practicando una agricultura que, incluyendo el enfoque de género, potencie la biodiversidad y el respeto a las prácticas culturales desarrolladas en todas las comunidades campesinas, indígenas, afrodescientes, de pescadores y de pastores en el mundo
  • Es necesario garantizar la adopción de mecanismos o acuerdos internacionales que  sirvan para regular las fluctuaciones del precio y la sobreproducción de productos agrícolas,  impidiendo la concentración y oligopolios en las cadenas de distribución.

 

En el ámbito del acceso de los mercados de bienes no agrícolas:

 

  • Exigimos el rechazo del texto del NAMA incluido el actual enfoque de sus premisas negociadoras.
  • Apoyamos a los países en desarrollo para que con la necesaria flexibilidad determinen por sí mismos la cuantía, vía y método adecuados para  adoptar sus correspondientes compromisos de reducción de tarifas arancelarias.
  • La UE debe reconocer y garantizar el espacio político de los Gobiernos para proteger y apoyar sus industrias nacionales, asegurando asimismo la gestión sostenible de sus recursos.
  • Entendemos que se debe excluir de la negociación comercial a los sectores que afecten a la gestión de  recursos naturales como los bosques, la pesca, el petróleo y el gas, metales y minerales.

En el ámbito del comercio de servicios:

  •  Exigimos que se deje de presionar a los países en desarrollo para que liberalicen y desregulen el sector de los servicios, respetando el derecho de sus gobiernos a proteger a su población y medioambiente, con el fin de que dichos países determinen el nivel de sus propias ofertas y compromisos.
  • La UE debe abandonar su propuesta de metas y mecanismos complementarios para introducir niveles mínimos obligatorios de liberalización de los servicios.
  • Existe una creciente preocupación en cuanto a que las negociaciones del AGCS pueda socavar las obligaciones de servicio universal de los gobiernos, y su capacidad para regular ciertos aspectos cruciales del mercado. Dichas obligaciones, no deben quedar sujetas a restricciones impuestas por los compromisos de AGCS, y los gobiernos deben preservar plenas prerrogativas en ciertas áreas específicas. Los servicios públicos y los servicios de interés general, tendrían, por tanto, que quedar excluidos de las negociaciones del AGCS. A los largo de las negociaciones del AGCS, han de tomarse medidas para acceder a unos servicios universales de calidad y a precios uniformes y asequibles.
  • Los acuerdos comerciales internacionales no deben establecer condicionantes  en la reglamentación interna de carácter nacional que limiten la posibilidad de los gobiernos en el establecimiento de requisitos de protección respecto de su población o medioambiente, ni que antepongan la supremacía del comercio internacional sobre el desarrollo y bienestar social.
  • Las competencias y la estructura de la OMC no autorizan a intervenir en la regulación  de los movimientos migratorios –incluyendo, entre ellos, los de carácter temporal, tal y como  se prevé en el Modo IV de Comercio en Servicios. En cualquier caso, las ofertas que incluyan el traslado temporal de trabajadores deberán garantizar el respeto a las normas fundamentales del trabajo y de la legislación laboral nacional. Con respecto al modo IV (es decir, el traslado transfronterizo temporal de personas), nos oponemos a cualquier política que fomente la migración sin garantía de derechos, que redunda en detrimento de los trabajadores y las comunidades, tanto en los países de origen como de acogida.

 

Reclamamos normas de derecho internacional que persigan la corrupción y las prácticas no transparentes en relación al comercio internacional.

Las empresas no podrán desgravarse los pagos a funcionarios o políticos.

Las Agencias Internacionales deberán tener un registro de pagos y cobros por las transacciones internacionales.

 

Empleo, desarrollo y normas fundamentales de trabajo.

El trabajo decente, resulta fundamental para la realización de los objetivos de progreso económico y social sostenible. Por ello, las negociaciones comerciales deben realizarse en base a una evaluación completa y bien informada (con participación de los sindicatos) de su impacto sobre el nivel y la estabilidad del empleo, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres, unas buenas condiciones de trabajo, protección social, y acceso a servicios públicos de calidad. La búsqueda de una ventaja competitiva a corto plazo, mediante la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, socava las perspectivas de desarrollo a largo plazo, y la las negociaciones han de ir más allá de los compromisos incumplidos de anteriores Declaraciones Ministeriales respecto a las normas fundamentales del trabajo. Las zonas francas industriales, donde los derechos de los trabajadores están considerablemente reprimidos, constituyen una distorsión del comercio y ese tipo de producción no debería estar permitida en base a las normas internacionales.

 

Una negociación transparente, participativa y coherente

  •  La posición del Gobierno en relación a las negociaciones de la Cumbre Ministerial de Hong-Kong debe cumplir con lo expuesto en el Plan Director de Cooperación Española en relación al principio de Coherencia de las diferentes políticas con los objetivos marcados para la cooperación española. Ello quiere decir que la posición española ante las negociaciones comerciales deberá tener en cuenta el impacto de las mismas sobre los países en desarrollo, sin que se puedan menoscabar los objetivos indicados al respecto por la Ley de Cooperación.
  • De igual manera, la delegación española debe exigir a la Comisión Europea en la fase final de las negociaciones el cumplimiento del citado principio de coherencia, cumpliendo con los tratados de la Unión Europea que así lo establecen en materia de política de Desarrollo.
  • Se debe establecer un procedimiento institucional para examinar la repercusión de la liberalización del comercio en el ámbito social, medioambiental y, en general, sobre el desarrollo sostenible, particularmente en los países en desarrollo, tal y como establece su artículo XIX.3.
  • Entendemos que la posición y acciones desarrolladas por la delegación española debe ofrecer transparencia al conjunto de la sociedad, a través de una adecuada información sobre las diferentes opciones, la marcha de las negociaciones, la posición española ante las mismas y la explicación de los resultados y su impacto. De la misma manera, la delegación española deberá exigir a la Comisión Europea que negocie con transparencia para con su ciudadanía  y opinión pública.
  • Por último, la delegación española en Hong-Kong,  debe tener en cuenta las opiniones de los diferentes agentes implicados en las negociaciones incluyendo a la sociedad civil,  tomando en cuenta sus posiciones y opiniones en lo relativo a los contenidos de las negociaciones, tanto en las sesiones formales como en las rondas de preparación y seguimiento posteriores.
2014-05-21T09:57:01+00:00 diciembre 10th, 2005|Nota de prensa|