En España, la pobreza y la exclusión social han aumentado de manera alarmante desde el comienzo de la crisis. En 2014, el 29,2% de la población española (13,4 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, 2,3 millones de personas más que en 2008, superando en más de 6 puntos porcentuales la media de la UE15 (23,1% en 2013)[1].
Pero España es también el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre, y casi 10 veces más que el promedio europeo. Incluso 14 veces más que en Grecia. Desde el año 2007, la brecha en el nivel de ingresos se ha disparado en los hogares españoles, rompiendo con los avances que se habían logrado desde mediados de los años 80. La crisis nos ha dejado más empobrecidos y más desiguales.
Se está produciendo una constante y sistemática vulneración del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Sin darnos cuenta, nos hemos dejado arrebatar infinidad de derechos porque no hemos sido capaces de defender lo que era nuestro. Pero hay tres valores humanos básicos que nunca podrán desaparecer del todo: justicia, libertad y dignidad humana.
Estos han sido los principios fundamentales de todas las luchas por los derechos humanos. La extrema concentración de la riqueza burla hoy brutalmente la ley moral básica de Kant: “Los humanos como seres racionales deben obedecer el imperativo categórico de respetar los derechos de otros seres racionales”.
Si un derecho no es universal, es un privilegio de algunos. Aquí es donde entra la justicia, junto con la libertad y la dignidad humana, porque la gente privada de libertad y, por tanto, de dignidad, no puede ejercer sus derechos.
Es necesario materializar los derechos sociales, entendidos estos como aquellos que hacen posible el desarrollo de una sociedad para todas las personas: Renta Básica, vivienda, educación, salud y cuidados de mayores. Para conseguir esto, los Gobiernos deben establecer políticas económicas alternativas a las actuales, que eliminen los procesos de exclusión y el progresivo incremento de la desigualdad hoy imperantes.
Una de las medidas concretas de mayor alcance para combatir la desigualdad y la pobreza es la Renta Básica Universal siendo, además, una herramienta de transformación social por su potencial emancipatorio al desvincular la existencia material de las personas del empleo y de los derechos a él vinculados.
La Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independientemente de que pueda tener otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Se entregará mensualmente, en moneda corriente a toda persona adulta y una cantidad inferior a menores de 18 años no emancipadas. Esta cantidad será el equivalente al umbral de la pobreza y por eso se considera técnicamente suficiente para garantizar el acceso a unos mínimos recursos de subsistencia.
Hablar de derecho universal significa que es para todas y cada una de las personas sin que haya algún motivo que justifique ninguna exclusión. Debe repartirse ex-ante y sin comprobación de los recursos de cada cual, y sin techo acumulando sobre ella. El hecho de que la Renta Básica se garantice ex-ante, la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión pues, a diferencia de los subsidios condicionados, no supone un techo, sino que establece nada más que un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Esto hace posible ahorrar los altos costos asociados con el examen de recursos que cualquier subsidio condicionado exige: con la Renta Básica se obtiene una simplificación administrativa que puede ser crucial para racionalizar las políticas sociales y la distribución de la riqueza.
[1] “Una Economía ak Servicio del 1%. Acabar con los privilegios y l concentración de poder para frenar la desigualdad extrema. La situación en España” Intermón Oxfam